Servidores públicos con miedo a ejecutar

Uno de los elementos centrales dentro de la evaluación del desarrollo de la gestión pública del año 2011 en Bolivia es sin duda la ejecución presupuestaria en todos los ámbitos del Estado plurinacional, desde los ministerios hasta los municipios. En el caso de los municipios, ya es parte de la cultura en la gestión de éstos generar conflictos entre autoridades: alcaldes versus concejales, concejales opositores contra concejales oficialistas y hasta entre autoridades del mismo partido, que promueven la ingobernabilidad municipal y que llevan a sus propias gestiones a un caos indefinido que provoca al mismo tiempo que el municipio no pueda ejecutar su plan operativo y por lo tanto que no se desarrolle. Casi siempre priman los intereses personales que buscan el “michi poder”, sin darse cuenta que de esa manera se encuentran perjudicando a un grupo importante de ciudadanos que necesitan que su municipio se desarrolle en educación, salud e infraestructura. Pero el problema de la ejecución en 2011 también afectó a algunos ministerios. Hasta el 31 de octubre de 2011 la información arrojada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establecía datos emblemáticos provenientes de ministerios que demostraron su incapacidad de ejecución eficiente de acuerdo con lo que se había planificado. Entre ellos se encuentran el Ministerio de Autonomía, con el 32,51%; el Ministerio de Planificación del Desarrollo, con 38,5%; el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, con un 45,64%; el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con 55,1%; y el Ministerio de Trabajo, con un 65,51% entre las entidades con peor ejecución en 2011. Esta realidad en los ministerios demuestra que los procesos administrativos para la ejecución todavía son engorrosos y que los servidores públicos del nuevo Estado, aparte de una incapacidad persistente y una falta de conocimiento evidente de la nueva normativa anticorrupción, tienen temor de que dicha normativa les caiga encima. Es así que muchos servidores públicos evitan “meterse” en procesos administrativos que los puedan complicar en el futuro y en definitiva dejan de servir y alimentan la típica burocracia estatal que daña cualquier proceso de cambio. Esta realidad ayuda a puntualizar algunos aspectos que podrían estar perjudicando la ejecución presupuestaria en los ministerios y en otros espacios del Estado. En primer lugar creo que el ejercicio de la coerción para luchar contra la corrupción ha provocado mucho miedo y eso definitivamente afecta sobremanera a la ejecución de lo planificado. Estas medidas deberían haber ido acompañadas de políticas de prevención, de capacitación y de formación en normas y valores para combatir la corrupción, dirigidas sobre todo a los servidores públicos. En ese sentido, habría que revisar las políticas propuestas por el Ministerio de Transparencia para ver cuánta importancia se le ha dado a la persecución y a la utilización de mecanismos coercitivos en desmedro del desarrollo de políticas de comunicación y sensibilización que promuevan un manejo transparente de la información institucional en el sector público. No debemos olvidar que la ineficiencia en la administración pública también tiene que ver con la incapacidad de sus servidores públicos, la excesiva rotación de personal y la imposibilidad en la aplicación de mecanismos de lucha contra la corrupción.

Jorge Dulón es administrador público y cientista político.