El sentido común vs. lo legal

Todos los días en Bolivia vivimos dilemas éticos que debemos resolver de acuerdo con la calidad de nuestros valores. A muchos no les importa tirar la basura en cualquier lugar por ejemplo. Otros compran música pirata y les parece de lo más normal. Algunos consiguen facturas para “descargar” sus impuestos y de esa manera ganan un poco más de platita. Lo cierto es que dentro de estas ilegalidades existen ciertas prácticas que deben, casi por obligación, realizarse por las características propias de nuestro país.En algunas alcaldías del área dispersa por ejemplo, trabajan parientes cercanos del alcalde y/o de los concejales provocando un nepotismo casi natural. Imposible no cometer hechos de corrupción en este tipo de lugares ya que al existir familias tan grandes seguro se encontrarán parientes políticos o consanguíneos con la formación adecuada para ejercer un cargo público. En ese caso, ¿qué sería mejor, contratar a personas que no cumplan con el perfil profesional requerido para no caer en el nepotismo? o bien ¿tener profesionales competentes aunque éstos sean familiares de las autoridades del municipio rural? Dilema ético no resuelto que dejo a consideración del lector de esta columna.Otro ejemplo común en este contexto tiene que ver con la realidad presupuestaria de las alcaldías del área dispersa. Muchos municipios que no cuentan con ingresos que les permitan inversiones de largo aliento, deben buscar soluciones ingeniosas a las trabas burocráticas que las mismas normas existentes instalan. Comprar autos usados para la Alcaldía, adquirir ladrillos baratos para la construcción de la escuela rural, del único proveedor del pueblo que, además es pariente de alguna autoridad del municipio, entre otras irregularidades que se presentan en la cotidianidad. Algo similar sucede con la implementación de las nuevas asambleas departamentales, con la diferencia de que éstas son parte del nuevo Estado Plurinacional descolonizador. En efecto, existen varios casos de asambleas departamentales en donde los asambleístas no saben qué hacer, cuál es su rol, cómo legislarán y sobre todo en estos tiempos, cómo cerrarán su gestión. En esa línea, aunque no se pueda creer, existen algunas asambleas que ya fueron sujetas de congelamiento de cuentas por incumplimiento de procesos y procedimientos administrativos. La norma se aplica rigurosamente sin importar que éste es un proceso de transición que buscará implementar las nuevas características del Estado Plurinacional. En ese sentido podríamos seguir citando ejemplos y casos de este estilo para decir finalmente que poco o nada se ha descolonizado aun en términos de la implementación de la nueva gestión pública plurinacional. Es más, como si no habríamos aprendido del pasado, seguimos cometiendo los errores de la burocracia, producto de la acumulación de poder y del capitalismo salvaje. Deberíamos comenzar a predicar con el ejemplo, ser innovadores en el diseño de normas para que todos los niveles del Estado puedan desarrollar eficientemente su gestión, sin tener que pasar por dilemas éticos innecesarios o incumplimientos de normas que obliguen a obrar con el sentido común pero lejos de las normas.

Jorge Dulon Fernández es cientista político.