Avances en transparentar el Estado boliviano

Después de darle una mirada al informe de desarrollo humano a nivel regional, “La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano”, me llamó la atención la similitud de datos existentes entre los índices de corrupción presentados hace un tiempo por Transparencia Internacional -datos que podrían parecer sesgados por basarse en percepciones de grupos de interés en los países identificados- y los datos de dicho informe. En un análisis específico, el Sistema Nacional de Integridad (SNI) realizado el 2009 por Transparencia Bolivia (TBO) se presentan algunas conclusiones que hoy hacen carne en el informe sobre Desarrollo Humano antes mencionado. El mencionado análisis pondera la priorización e importancia que le ha dado el actual Gobierno nacional a la temática de la prevención y lucha contra la corrupción. Sostiene que ese hecho permite potenciar las áreas de trabajo en el tema, existiendo ahora dos viceministerios: el de Transparencia Institucional y el de Lucha contra la Corrupción, además de unidades de transparencia en todos los ministerios y en algunas áreas desconcentradas pertenecientes al Estado. Por otra parte, subraya la importancia de haber creado oficinas departamentales anticorrupción como una fortaleza en el sentido de descentralizar la prevención y la lucha contra la corrupción, haciendo notar que tal iniciativa ya había surgido en 2004 con la Delegación Presidencial Anticorrupción. Por último, el informe del SNI celebra el hecho de contar con un Plan Nacional Anticorrupción y una ley concreta de lucha contra la corrupción, como es la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. No obstante, el SNI también presenta algunos aspectos que todavía pueden influir para que Bolivia siga clasificando entre los primeros países más corruptos. Una de las debilidades de la agencia anticorrupción del Estado boliviano establecida como Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción tiene que ver con que sigue siendo parte del Ejecutivo y, por lo tanto, no puede operar con total independencia y autonomía. Esto podría influir en que la agencia pueda operar idealmente, es decir, de manera imparcial, apartidista y verdaderamente profesional.El sólo hecho que la máxima autoridad de la Agencia Anticorrupción en Bolivia haya participado en las campañas políticas del partido de Gobierno, deslegitima ante la sociedad en general el quehacer de la propia Agencia Anticorrupción. En ese mismo sentido, el informe establece que la Agencia Anticorrupción podría perder la imparcialidad política o bien ser estigmatizada como favorable al Ejecutivo. Finalmente, el SNI establece que la institucionalidad de la Agencia Anticorrupción en Bolivia puede verse amenazada si persiste la dependencia de dicha entidad al Órgano Ejecutivo. Habría que tomar nota de esto para que la sordera gubernamental en ciertos aspectos pueda curarse y de esta manera avanzar en el perfeccionamiento de un camino correctamente iniciado.

Jorge Dulón Fernández es administrador y cientista político.