Prioridad a la economía

Sin duda el llamado gasolinazo ha marcado un punto de inflexión muy claro respecto a la necesidad de un antes político y un después económico en el Gobierno del presidente Morales. Un antes político porque su administración requirió afianzar su legitimidad, realizando acciones políticas de distinta índole y a todo nivel para de esa manera incorporar una nueva ideología, nuevos conceptos y en definitiva, una nueva institucionalidad. Al parecer, no le fue tan mal con este objetivo ya que, entre otras cosas, se consiguió la aprobación de las leyes fundamentales que hacen al Estado plurinacional y que diseñan de manera general su personalidad y por lo menos los conceptos clave tales como descolonización, comunitarismo, autonomías, plurinacionalidad, entre otros, que ya son repetidos en las consignas del día a día de la gente. En diciembre de 2010, producto de un mal cálculo político, el Gobierno lanza apresuradamente una medida económica que había trabajado durante meses y que aguardaba ser presentada en un momento políticamente adecuado. Ni el fin de año ni los días posteriores a la Navidad pudieron impedir el impacto negativo de un aumento de los precios de la gasolina y el diésel que provocaron el rechazo sistemático de gran parte de la población boliviana. A este hecho se sumaron posteriormente factores internos como la escasez de azúcar, los rumores de una posible escasez de arroz en los próximos meses y factores externos como la crisis en Libia, que podría disparar el precio del barril de petróleo, los cuales hacen pensar que hoy por hoy existe la necesidad de un “después económico” en el país.Un después económico que delimite concretamente el significado de lo que se ha denominado economía plural y, por lo tanto, que incorpore de manera efectiva al sistema económico, las buenas prácticas de la economía comunitaria, de la cooperativa y aquella que fomenta la micro, pequeña y mediana empresa, entre otras existentes en el país. Que establezca las acciones específicas que se tomarán a corto, mediano y largo plazo para consolidar el país del “vivir bien” y que en definitiva cambie la percepción de la gente afectada en su economía familiar, que percibe que esta forma improvisada y soberbia de conducir la economía puede traer consigo una hecatombe social. Pero eso no es todo; este después económico también debe tomar en cuenta políticas públicas económicas de prevención, ante lo que a todas luces parecen ser consecuencias inevitables de la coyuntura económica internacional y los desastres naturales que, sin duda, repercutirán en nuestro país.En fin, los problemas no son pocos y merecen una atención concentrada por parte de los hacedores de políticas en todos los niveles del Estado así como la atención correspondiente por parte de todos los ciudadanos corresponsables, que deberán ejercer su rol de control social para ser protagonistas de un cambio positivo que esta vez priorice la economía antes que la política.

Jorge Dulon Fernández es administrador público y cientista político.