¿Será posible un transporte público seguro, digno y eficiente?

¿Quién no ha vivido incómodas experiencias en el transporte público de La Paz? Ir, por ejemplo, apretado en el asiento de adelante del trufi, teniendo al lado izquierdo a un chofer regordete que ha manejado durante todo el día con un sol radiante y caluroso y que por lo percibido en el aire, no tuvo tiempo de asearse en los últimos días. Al otro costado, una señora que se subió como quinta pasajera sin importarle la incomodidad de quien quedó en medio, que debe contorsionarse para que la rodilla no cambie el dial de la radio y para que las nalgas no interrumpan el curso de la caja.O en el minibús, cuando hay que apresurarse para sentarse, si es que no se quiere caer en “las faldas” de algún otro pasajero por la repentina partida del chofer que en muchos casos no se percata si uno se ha sentado o no. Ni hablar de la incomodidad de los asientos, sobre todo para los más altos que deben ir de lado para no machucarse las rodillas, evidente, el chofer para ganar unos pesos más, ha hecho poner un asiento adicional al minibús. Y al bajarse también hay que tomar precauciones, porque es casi una costumbre tener que “aprovechar” el semáforo rojo en tercera fila y bajar con el riesgo de ser atropellado. O apresurarse para bajar porque el chofer está haciendo carreritas con su colega ya que ambos tienen la misma ruta y quieren ganar pasajeros. Finalmente el micro y la típica frase del chofer, “pasen pasen, atrás hay campo” mientras los pasajeros que están colgados en la puerta de ingreso ruegan porque efectivamente haya espacio y así no chocar en el camino con algún poste o basurero municipal. Éstas y otras situaciones de riesgo e incomodidad que viven los pasajeros todos los días, han sido impuestas en la costumbre de los ciudadanos por un sector poderoso que ha conseguido cambiar rutas, subir pasajes, crear líneas de transporte, entre otras, estando los ciudadanos a merced de sus caprichos. Afortunadamente hoy en día la autoridad municipal ha tomado cartas en el asunto y cuenta con una propuesta de norma que al fin plantea un sistema de transporte más cómodo, más moderno y accesible para todos los ciudadanos, desde los que viven en el centro de la ciudad hasta los que se encuentran en las laderas más dispersas. Plantea dos modalidades de servicio público: el transporte masivo y el servicio público de transporte colectivo. El primero se encuentra diseñado para trasladar a más de 80 pasajeros al mismo tiempo y funcionar como sistema integral de transporte que opere en carriles exclusivos, según rutas y horarios establecidos. ¡Exactamente, como en las grandes ciudades del mundo!Por su parte, el transporte colectivo que estaría destinado al traslado de cinco a 80 personas a través de una ruta con recorridos fijos y horarios establecidos y que podría ser realizado por buses, microbuses, furgonetas, microfurgonetas, automóviles y otros que se definan. Mediante esta regulación se hará efectiva la utilización de los puntos de parada y el ciudadano tendrá la certeza de que su transporte colectivo llegará a tal o cual hora en punto. Lamentablemente y como ya es costumbre en nuestro país, los transportistas se han opuesto ciegamente al proyecto y de forma paralela los usuarios del transporte público paceño, hemos demostrado nuevamente una apatía ante el tema siendo que deberíamos, al menos, mostrar con algunas acciones, que se puede vencer a los poderosos de siempre que usan y abusan del bien común. Eso significa participar desde la sociedad para generar cambios palpables y verdaderos, eso es corresponsabilidad.

Jorge Dulón Fernández es administrador público y cientista político.

Problemas en la gestión pública boliviana

Hace un par de meses me tocó visitar una gobernación del país para realizar un diagnóstico sobre la eficiencia de su funcionamiento. Pude advertir, dentro de dicho diagnóstico, algunos aspectos críticos que se repiten en otros espacios públicos y que son importantes mencionarlos para reflexionar sobre la realidad de nuestro servicio público.

He aquí algunos de los aspectos más relevantes que me llamaron la atención, porque son redundantes en la gestión pública de nuestra historia y, lamentablemente, porque no los hemos podido superar.

En primer lugar, pude evidenciar una rotación excesiva de personal, debido a la necesidad de cumplir casi obligatoriamente con los favores políticos dirigidos sobre todo a las organizaciones sociales, que exigen cuotas de poder en los distintos espacios de la gestión. De no cumplir con estas exigencias, la autoridad deberá sufrir represalias que seguro le generarán problemas de ingobernabilidad o de gestión en su contra.

Es así que, por lo menos cada tres meses, el personal cambia, lo que significa sacar a los que no lograron aprender durante este corto tiempo su labor y meter a nuevos servidores que deberán intentar aprender sus labores en tiempo récord: el círculo vicioso de la ineficiencia. Como es de imaginar, esto perjudica a la gestión y al cumplimiento de los objetivos previstos en la planificación realizada.

Por otro lado, existen directores o jefes de unidad que, si bien tienen el perfil profesional requerido en muchos casos, responden también a la confianza de una organización social. De esta manera, la máxima autoridad -de no estar contenta con el desempeño de uno de sus subordinados- antes de pretender retirarlo, debe consultar a la organización social para obtener el visto bueno correspondiente.

Por otro lado, también pude advertir que no se puede contratar a profesionales suficientemente calificados porque los salarios de éstos, de acuerdo con los precios del mercado de la oferta y la demanda laboral, superan de lejos a los ofrecidos en la gestión pública boliviana. Cabe recordar que nadie puede ganar más que el Presidente del Estado. Es así que la supervisión para el desarrollo de obras públicas departamentales o municipales, por ejemplo, la deben hacer algunos egresados o recién titulados de las escuelas de ingeniería del país, corriendo el riesgo de que “aprendan echando a perder”.

Finalmente, existe una gran confusión con relación a los reglamentos internos. Si uno hace el ejercicio de preguntar a los servidores públicos si tienen conocimiento, por ejemplo, del reglamento interno de contrataciones, se encontrará con sorpresivas respuestas como “acá no existe ese tipo de reglamentos” o “por supuesto que existe pero todavía no lo he leído porque soy nuevo”, entre otras.

Lo cierto es que después de realizar el diagnóstico definitivamente considero, por el bien del país y sin ningún ánimo de politizar este debate, que debemos institucionalizar nuestro servicio público.

¿Por qué no crear una escuela de gestión pública en donde se pueda acoger a todo aquel que desee servir al público y que, como en el caso francés, sólo puedan entrar los mejores estudiantes del país?

De esa manera, para servir al público, habría que cumplir con el requisito mínimo de haber pertenecido a dicha escuela cumpliendo la consigna: “los mejores al servicio del país”. Con ese incentivo y aumentando los salarios de la función pública podríamos lograr institucionalizarla de verdad y de esta manera contribuir a la ejecución efectiva de políticas públicas que son la base para construir un nuevo Estado.


Jorge Dulon Fernández es administrador público y cientista político

Avances en transparentar el Estado boliviano

Después de darle una mirada al informe de desarrollo humano a nivel regional, “La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano”, me llamó la atención la similitud de datos existentes entre los índices de corrupción presentados hace un tiempo por Transparencia Internacional -datos que podrían parecer sesgados por basarse en percepciones de grupos de interés en los países identificados- y los datos de dicho informe. En un análisis específico, el Sistema Nacional de Integridad (SNI) realizado el 2009 por Transparencia Bolivia (TBO) se presentan algunas conclusiones que hoy hacen carne en el informe sobre Desarrollo Humano antes mencionado. El mencionado análisis pondera la priorización e importancia que le ha dado el actual Gobierno nacional a la temática de la prevención y lucha contra la corrupción. Sostiene que ese hecho permite potenciar las áreas de trabajo en el tema, existiendo ahora dos viceministerios: el de Transparencia Institucional y el de Lucha contra la Corrupción, además de unidades de transparencia en todos los ministerios y en algunas áreas desconcentradas pertenecientes al Estado. Por otra parte, subraya la importancia de haber creado oficinas departamentales anticorrupción como una fortaleza en el sentido de descentralizar la prevención y la lucha contra la corrupción, haciendo notar que tal iniciativa ya había surgido en 2004 con la Delegación Presidencial Anticorrupción. Por último, el informe del SNI celebra el hecho de contar con un Plan Nacional Anticorrupción y una ley concreta de lucha contra la corrupción, como es la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. No obstante, el SNI también presenta algunos aspectos que todavía pueden influir para que Bolivia siga clasificando entre los primeros países más corruptos. Una de las debilidades de la agencia anticorrupción del Estado boliviano establecida como Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción tiene que ver con que sigue siendo parte del Ejecutivo y, por lo tanto, no puede operar con total independencia y autonomía. Esto podría influir en que la agencia pueda operar idealmente, es decir, de manera imparcial, apartidista y verdaderamente profesional.El sólo hecho que la máxima autoridad de la Agencia Anticorrupción en Bolivia haya participado en las campañas políticas del partido de Gobierno, deslegitima ante la sociedad en general el quehacer de la propia Agencia Anticorrupción. En ese mismo sentido, el informe establece que la Agencia Anticorrupción podría perder la imparcialidad política o bien ser estigmatizada como favorable al Ejecutivo. Finalmente, el SNI establece que la institucionalidad de la Agencia Anticorrupción en Bolivia puede verse amenazada si persiste la dependencia de dicha entidad al Órgano Ejecutivo. Habría que tomar nota de esto para que la sordera gubernamental en ciertos aspectos pueda curarse y de esta manera avanzar en el perfeccionamiento de un camino correctamente iniciado.

Jorge Dulón Fernández es administrador y cientista político.

El sentido común vs. lo legal

Todos los días en Bolivia vivimos dilemas éticos que debemos resolver de acuerdo con la calidad de nuestros valores. A muchos no les importa tirar la basura en cualquier lugar por ejemplo. Otros compran música pirata y les parece de lo más normal. Algunos consiguen facturas para “descargar” sus impuestos y de esa manera ganan un poco más de platita. Lo cierto es que dentro de estas ilegalidades existen ciertas prácticas que deben, casi por obligación, realizarse por las características propias de nuestro país.En algunas alcaldías del área dispersa por ejemplo, trabajan parientes cercanos del alcalde y/o de los concejales provocando un nepotismo casi natural. Imposible no cometer hechos de corrupción en este tipo de lugares ya que al existir familias tan grandes seguro se encontrarán parientes políticos o consanguíneos con la formación adecuada para ejercer un cargo público. En ese caso, ¿qué sería mejor, contratar a personas que no cumplan con el perfil profesional requerido para no caer en el nepotismo? o bien ¿tener profesionales competentes aunque éstos sean familiares de las autoridades del municipio rural? Dilema ético no resuelto que dejo a consideración del lector de esta columna.Otro ejemplo común en este contexto tiene que ver con la realidad presupuestaria de las alcaldías del área dispersa. Muchos municipios que no cuentan con ingresos que les permitan inversiones de largo aliento, deben buscar soluciones ingeniosas a las trabas burocráticas que las mismas normas existentes instalan. Comprar autos usados para la Alcaldía, adquirir ladrillos baratos para la construcción de la escuela rural, del único proveedor del pueblo que, además es pariente de alguna autoridad del municipio, entre otras irregularidades que se presentan en la cotidianidad. Algo similar sucede con la implementación de las nuevas asambleas departamentales, con la diferencia de que éstas son parte del nuevo Estado Plurinacional descolonizador. En efecto, existen varios casos de asambleas departamentales en donde los asambleístas no saben qué hacer, cuál es su rol, cómo legislarán y sobre todo en estos tiempos, cómo cerrarán su gestión. En esa línea, aunque no se pueda creer, existen algunas asambleas que ya fueron sujetas de congelamiento de cuentas por incumplimiento de procesos y procedimientos administrativos. La norma se aplica rigurosamente sin importar que éste es un proceso de transición que buscará implementar las nuevas características del Estado Plurinacional. En ese sentido podríamos seguir citando ejemplos y casos de este estilo para decir finalmente que poco o nada se ha descolonizado aun en términos de la implementación de la nueva gestión pública plurinacional. Es más, como si no habríamos aprendido del pasado, seguimos cometiendo los errores de la burocracia, producto de la acumulación de poder y del capitalismo salvaje. Deberíamos comenzar a predicar con el ejemplo, ser innovadores en el diseño de normas para que todos los niveles del Estado puedan desarrollar eficientemente su gestión, sin tener que pasar por dilemas éticos innecesarios o incumplimientos de normas que obliguen a obrar con el sentido común pero lejos de las normas.

Jorge Dulon Fernández es cientista político.

Bolivia: ¿Democradura o dictacracia?

Conocí el concepto de democradura hace unos ocho años cuando me encontraba dando clases en el viejo mundo y debía desarrollar ciertas características históricas de las distintas formas de gobernanza en Latinoamérica. Encontré un texto que mencionaba el término inicialmente, acuñado por Eduardo Galeano. El autor evocaba el término para reconocer a los gobiernos que se habían instalado en la década de los ochenta en Latinoamérica pretendiendo mostrar una cara demócrata, pero que definitivamente, por sus acciones, expresaban un alma totalitaria. En general, las características de estos países tenían que ver con una democracia susceptible a ser libre en la que, a pesar de la existencia de mecanismos democráticos como elecciones, se encontraban elementos de dependencia de poderes o bien donde algunas libertades civiles habían desaparecido de forma matizada. En ese cuadro y según la definición percibida en el texto de Galeano, una democradura se daba cuando el marco legal de un país no se había institucionalizado y/o no tenía el peso mínimo, lo cual provocaba la posibilidad de existencia de un poder indefinido cedido al poder gubernamental. Por otra parte, el concepto de dictacracia fue evocado por el Nobel Vargas Llosa al referirse a la realidad mexicana desde la revolución institucionalizada con el PRI, pasando por el Gobierno del PAN en donde, según él, se fabricaron permanentemente elecciones generando fraudes electorales. En esta dictacracia existiría además una persistente intervención económica de los viejos políticos para llegar al poder. En ese sentido, Vargas Llosa plantea que en una dictacracia, la institucionalidad se encuentra quebrada. Tomando todos estos elementos, podemos realizar el ejercicio de responder algunas preguntas sencillas para saber si nuestro país se acerca a alguno de estos dos conceptos o bien, estamos lejos de ellos. Para un análisis y resultado instantáneos entonces, vayamos respondiendo a las siguientes preguntas: ¿En Bolivia existe independencia de poderes?, ¿el ciudadano puede protegerse de algún tipo de abuso realizado por el Gobierno?, ¿nuestras normas son conocidas por la mayor parte de los ciudadanos y por lo tanto respetadas?, ¿el actual Gobierno tiene un poder que no tiene límites?, ¿usted cree que hubo fraude en el conjunto de elecciones realizadas posteriores a la toma del poder del presidente Morales?, ¿piensa que el Gobierno actual cuenta con instituciones frágiles y poco creíbles?. Si la mayoría de sus respuestas han sido afirmativas, usted definitivamente cree que Bolivia se acerca a una democradura – dictocrática. Por el contrario, si sus respuestas en general han sido negativas, más bien piensa que nuestro país tiene niveles democráticos importantes y que estamos lejos de vivir enmarcados dentro de estos dos conceptos. Saque sus propias conclusiones'

Jorge Dulón Fernández es cientista político.

¿Desafíos o utopías?

La construcción del Estado Plurinacional se encuentra al inicio de un proceso de transformación en el cual las estructuras sociales y del Estado deben readecuarse a una realidad totalmente distinta a la que vivíamos, en la perspectiva de una revolución democrática que al parecer todavía no cuenta con bases sólidas de acción después de cinco años de existencia. En ese sentido, el Gobierno, si bien reconoce que se han cometido errores de gestión y de cálculo político en estos cinco años, sostiene que un proceso de transformación que quiere cumplir con las características del boliviano tomará mucho más tiempo del que seguramente muchos de nosotros imaginamos. Para legitimar ese antecedente, uno de los argumentos utilizados establece que, si el proceso de colonización duró 500 años, podría ser lógico pensar que, en el marco de la construcción del Estado Plurinacional, este proceso de descolonización tome también su tiempo. En ese caso, el Gobierno actual deberá destinar esfuerzos y tiempos inimaginables para mantener su legitimidad de manera sostenida y así gobernar durante el tiempo que estime conveniente para cambiar de manera real las estructuras del país.Para ese efecto, los mismos miembros del Ejecutivo así como la estructura política del partido hegemónico deberán construir una estrategia innovadora que les permita cumplir con dichos objetivos en el sentido de institucionalizar una revolución. Por sentido común, para no aburrir a la gente, para no crear animadversiones en ella y en definitiva para sostener el proceso en el corto plazo, en primer lugar se debería pensar en mostrar resultados concretos, tangibles para el ciudadano de a pie. En segundo lugar se debería pensar en cómo la crisis de alimentos a nivel mundial influirá en el desarrollo económico, pero por sobre todo en la seguridad alimentaria. En tercer lugar reflexionar en cómo desinstitucionalizar los antivalores del sistema público: corrupción, prebenda, clientelismo, que generan una gestión pública ineficiente y poco calificada. Pero eso no se queda ahí, es indudable que el actual Gobierno debe acompañar sus acciones en el país, determinando forma y fondo de lo que significa realizar el pacto fiscal a partir de la determinación de las autonomías a todo nivel. Finalmente, para fortalecer las bases del actual proceso también se debe tomar en cuenta la restauración del Órgano Judicial que cuenta con la novedad de considerar el voto popular para la elección de sus autoridades.Habrá que ver si el modelo propuesto funciona, ya que sería el único país en la región que contaría con un órgano judicial elegido con estas características.Como vemos, la construcción del nuevo Estado tiene muchos desafíos que hay que conocer antes de criticarlos o aplaudirlos.

Jorge Dulón Fernández es administrador público y cientista político.

Prioridad a la economía

Sin duda el llamado gasolinazo ha marcado un punto de inflexión muy claro respecto a la necesidad de un antes político y un después económico en el Gobierno del presidente Morales. Un antes político porque su administración requirió afianzar su legitimidad, realizando acciones políticas de distinta índole y a todo nivel para de esa manera incorporar una nueva ideología, nuevos conceptos y en definitiva, una nueva institucionalidad. Al parecer, no le fue tan mal con este objetivo ya que, entre otras cosas, se consiguió la aprobación de las leyes fundamentales que hacen al Estado plurinacional y que diseñan de manera general su personalidad y por lo menos los conceptos clave tales como descolonización, comunitarismo, autonomías, plurinacionalidad, entre otros, que ya son repetidos en las consignas del día a día de la gente. En diciembre de 2010, producto de un mal cálculo político, el Gobierno lanza apresuradamente una medida económica que había trabajado durante meses y que aguardaba ser presentada en un momento políticamente adecuado. Ni el fin de año ni los días posteriores a la Navidad pudieron impedir el impacto negativo de un aumento de los precios de la gasolina y el diésel que provocaron el rechazo sistemático de gran parte de la población boliviana. A este hecho se sumaron posteriormente factores internos como la escasez de azúcar, los rumores de una posible escasez de arroz en los próximos meses y factores externos como la crisis en Libia, que podría disparar el precio del barril de petróleo, los cuales hacen pensar que hoy por hoy existe la necesidad de un “después económico” en el país.Un después económico que delimite concretamente el significado de lo que se ha denominado economía plural y, por lo tanto, que incorpore de manera efectiva al sistema económico, las buenas prácticas de la economía comunitaria, de la cooperativa y aquella que fomenta la micro, pequeña y mediana empresa, entre otras existentes en el país. Que establezca las acciones específicas que se tomarán a corto, mediano y largo plazo para consolidar el país del “vivir bien” y que en definitiva cambie la percepción de la gente afectada en su economía familiar, que percibe que esta forma improvisada y soberbia de conducir la economía puede traer consigo una hecatombe social. Pero eso no es todo; este después económico también debe tomar en cuenta políticas públicas económicas de prevención, ante lo que a todas luces parecen ser consecuencias inevitables de la coyuntura económica internacional y los desastres naturales que, sin duda, repercutirán en nuestro país.En fin, los problemas no son pocos y merecen una atención concentrada por parte de los hacedores de políticas en todos los niveles del Estado así como la atención correspondiente por parte de todos los ciudadanos corresponsables, que deberán ejercer su rol de control social para ser protagonistas de un cambio positivo que esta vez priorice la economía antes que la política.

Jorge Dulon Fernández es administrador público y cientista político.

Vuelva mañana

El “vuelva mañana”, las largas filas para hacer trámites, las condiciones precarias de las oficinas y la mala atención en la administración pública entre otras cosas, son el pan de cada día en nuestro país. Es cierto, algunos gobiernos municipales como el de La Paz, han hecho esfuerzos para mejorar estas prácticas, instalando criterios de transparencia, eficiencia en las respuestas de trámites y en definitiva, tratando de romper mañas que casi estaban institucionalizadas. Pero, falta mucho por hacer para que la gestión pública responda de manera eficiente a los problemas cotidianos de la gente, dicha respuesta se obtiene mediante una gestión eficiente e institucionalizada. Esto no quiere decir que debamos pensar erradamente, como algunos ideólogos, en perseguir modelos “capitalistas” de gestión y por lo tanto continuar colonizados en nuestra forma de hacer gestión pública. Descolonizar en parte es despatriarcalizar la gestión y eso es otra cosa. La respuesta eficiente tiene que ver con una gestión pública que refleje coherencia entre institucionalidad y dinámica social y no debe merecer ningún tinte ideológico.En la mayoría de los países europeos existe la institucionalización de la gestión pública en todos los niveles del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir en primer lugar que los llamados a ejercer la función pública deben obtener las notas más altas en sus estudios de secundaria para poder optar a las grandes escuelas de gestión pública. Esto porque existe la concepción correcta de que servir a la gente, servir al pueblo haciendo gestión pública de verdad, es una gran responsabilidad. En segundo lugar, los funcionarios que acceden a la función pública realizan una carrera administrativa, es decir, son administradores públicos toda su vida y nadie los saca por tener una u otra visión política. El concepto de servicio público se encuentra bien enraizado en las mentes y es prioritario frente a la práctica política. En tercer lugar, el servicio público es concebido como el medio más importante para la respuesta efectiva a los problemas de la gente y por lo tanto los edificios y oficinas públicas son pulcras y bien presentadas ya que en ese lugar se atenderá al público, al pueblo, a las personas a las que se debe servir.¡Qué conceptos tan distintos a los que tenemos nosotros! que todavía podemos ver, en las oficinas de la Asamblea Plurinacional a los llamados ujieres, haciendo “horas nalga”, sentados en un miniescritorio leyendo el periódico esperando poder llevar alguna carta o abrirle la puerta a algún asambleísta. O entrar a una oficina pública y ver escritorios rayados, las sillas rotas, las paredes desportilladas, entre muchos otros ejemplos de miseria: una cosa es la pobreza y otra muy distinta es la miseria. Y de la atención ni hablar, el solo hecho de ser atendido bien es un gran favor concedido por el “mini” poder que tiene el funcionario público de turno.Finalmente, éste no es un problema que responde a este proceso, es un problema de siempre, vivido a todo nivel en el Estado boliviano: municipios, ex prefecturas ahora gobernaciones, asambleas departamentales, entre otras. No vaya a ser que ahora que hemos dado el primer paso autonómico, demos también el paso de descentralizar mañas y malas prácticas en la gestión pública. ¡Institucionalicemos, pero para bien!

Jorge Dulon Fernández es administrador público y cientista político.

Servidores públicos con miedo a ejecutar

Uno de los elementos centrales dentro de la evaluación del desarrollo de la gestión pública del año 2011 en Bolivia es sin duda la ejecución presupuestaria en todos los ámbitos del Estado plurinacional, desde los ministerios hasta los municipios. En el caso de los municipios, ya es parte de la cultura en la gestión de éstos generar conflictos entre autoridades: alcaldes versus concejales, concejales opositores contra concejales oficialistas y hasta entre autoridades del mismo partido, que promueven la ingobernabilidad municipal y que llevan a sus propias gestiones a un caos indefinido que provoca al mismo tiempo que el municipio no pueda ejecutar su plan operativo y por lo tanto que no se desarrolle. Casi siempre priman los intereses personales que buscan el “michi poder”, sin darse cuenta que de esa manera se encuentran perjudicando a un grupo importante de ciudadanos que necesitan que su municipio se desarrolle en educación, salud e infraestructura. Pero el problema de la ejecución en 2011 también afectó a algunos ministerios. Hasta el 31 de octubre de 2011 la información arrojada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establecía datos emblemáticos provenientes de ministerios que demostraron su incapacidad de ejecución eficiente de acuerdo con lo que se había planificado. Entre ellos se encuentran el Ministerio de Autonomía, con el 32,51%; el Ministerio de Planificación del Desarrollo, con 38,5%; el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, con un 45,64%; el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con 55,1%; y el Ministerio de Trabajo, con un 65,51% entre las entidades con peor ejecución en 2011. Esta realidad en los ministerios demuestra que los procesos administrativos para la ejecución todavía son engorrosos y que los servidores públicos del nuevo Estado, aparte de una incapacidad persistente y una falta de conocimiento evidente de la nueva normativa anticorrupción, tienen temor de que dicha normativa les caiga encima. Es así que muchos servidores públicos evitan “meterse” en procesos administrativos que los puedan complicar en el futuro y en definitiva dejan de servir y alimentan la típica burocracia estatal que daña cualquier proceso de cambio. Esta realidad ayuda a puntualizar algunos aspectos que podrían estar perjudicando la ejecución presupuestaria en los ministerios y en otros espacios del Estado. En primer lugar creo que el ejercicio de la coerción para luchar contra la corrupción ha provocado mucho miedo y eso definitivamente afecta sobremanera a la ejecución de lo planificado. Estas medidas deberían haber ido acompañadas de políticas de prevención, de capacitación y de formación en normas y valores para combatir la corrupción, dirigidas sobre todo a los servidores públicos. En ese sentido, habría que revisar las políticas propuestas por el Ministerio de Transparencia para ver cuánta importancia se le ha dado a la persecución y a la utilización de mecanismos coercitivos en desmedro del desarrollo de políticas de comunicación y sensibilización que promuevan un manejo transparente de la información institucional en el sector público. No debemos olvidar que la ineficiencia en la administración pública también tiene que ver con la incapacidad de sus servidores públicos, la excesiva rotación de personal y la imposibilidad en la aplicación de mecanismos de lucha contra la corrupción.

Jorge Dulón es administrador público y cientista político.