Las modificaciones a la Ley INRA:Finalizando el proceso de Reforma Agraria de 1953

Hoy en día, analistas sostienen que en Bolivia no existe latifundio y que más bien habría una acentuada inseguridad jurídica. La realidad objetiva nos demuestra que definitivamente todavía existe latifundio en nuestro país.

Sin duda en el pasado cercano, hubo gobiernos que hicieron esfuerzos por tratar de dar solución a este problema. Gobiernos que se inspiraron en la reforma agraria de 1953, la cuál inició un proceso de redistribución de tierras que aun hoy tiene mucho camino por recorrer.

Los tropiezos de la continuidad de esta reforma agraria, no pasaron necesariamente por un tema de norma, si no más bien por una dificultad que tuvo que ver con la voluntad política que deberían haber tenido los gobiernos de turno que intentaban implementar o profundizar dicha reforma. No por nada, datos objetivos demuestran que desde 1996 hasta 2006 no hubo un solo dato de proceso de reversión que se haya podido concluir. Este es el nudo del conflicto.

El actual gobierno se enfrenta al desafío de realizar un esfuerzo supremo a nivel político, que se centra en la voluntad de culminar con el proceso de reforma agraria iniciado en 1953. Para tal efecto, tiene como propuesta la reversión de la propiedad improductiva de la tierra.

El Estado cuenta con dos componentes fundamentales para encarar este tema: su legitimidad y su fuerza, que deben ahora ser canalizados y expresados en acciones concretas para traducirse en las modificaciones a la Ley INRA.

¿Como se realizaría este proceso? Siguiendo la lógica de la norma, acorde a las modificaciones, ésta nos propone dos opciones:

En primer lugar se encuentra la reversión de tierras en dónde el Estado, utilizando argumentos constitucionales, busca revertir las tierras ociosas. Esta lógica se inspira en la realidad antes mencionada, que ejemplificada nos muestra que existen personas que poseen en tierras dos veces la extensión de Santa Cruz, es decir más de 21 000 hectáreas. Por lo tanto esta acción debería dar como resultado la recuperación de las tierras improductivas del país. algunos.

En segundo lugar se encuentra la figura de la expropiación, en dónde el Estado, a través de una indemnización recuperaría las tierras potencialmente productivas, que bien distribuidas podrían beneficiar a más personas.

Lo que corresponde en el primer caso, para ser coherentes, es que haga una investigación profunda de la reversión, antes de realizarla.

¿En cuanto tiempo se pondrá en marcha el proceso? Los tiempos tienen que ver nuevamente con la voluntad política ya que un proceso de reversión no se realiza necesariamente de “a buenas”. Dentro de esta perspectiva, es importante pensar que antes de revertir deben cumplirse con ciertos requisitos tales como la institucionalización de las acciones para demostrar la seriedad del proceso.

Recordemos que en el pasado los resultados del INRA han sido insuficientes y poco concretos lo cual ha ido generando con el tiempo una gran inseguridad jurídica. El Estado debe mostrar resultados precisos para dar garantía y generar confianza. Que mejor que demostrar que el INRA es una institución seria, que no responde a intereses políticos y que por el contrario se ocupa responsablemente de los intereses de los bolivianos. Mostrando resultados se podría llegar a la reconducción de la reforma agraria y la institucionalización de su respectiva Ley.

El Estado tiene el tiempo de realizar estos cambios y demostrar gestión e institución, se ha planteado el reto de lograr la reversión de tierras en siete años. Actualmente se encuentra adecuando la norma para poder contar con herramientas legales y de esta manera poder cumplir su objetivo con las tierras improductivas.

Este es un primer paso, pero para que el proceso llegue a buen término y cumpla con las expectativas del colectivo no solamente se requiere de ésta voluntad política de reversión de tierras. Es importante pensar también qué es lo que se va a hacer con dichas tierras. No podemos olvidar que existe todavía en nuestro país el ingrato dicho: “Tierra en manos del indio es tierra muerta”. En efecto, el tema no pasa solamente por entregar tierras. Debe ser un medio de sustento digno que implique una programación, que garantice una función social y que la tierra que vaya a ser revertida no vaya a ser sobre explotada.

En ese sentido, la norma agraria actual ha propuesto algunos elementos interesantes en el sentido de que las tierras serán entregadas de manera comunal. Estas tierras no deberán ser susceptibles de ser transferidas. Concretamente para que los campesinos no se encuentren en la situación de ser manipulados para vender sus tierras, la norma establece mecanismos para que no se reproduzca este proceso de acumulación de tierras.

Por otra parte, es evidente que en varios lugares del país existen sectores productivos que le están poniendo el hombro al país. Ellos no deben alarmarse, ya que el proceso de reversión, tal como se plantea no les afectará ya que al estar cumpliendo con una función económica y social, (fundamento de la norma agraria), están contribuyendo con el desarrollo del país. Además, los sectores productivos deben darse cuenta que la ley INRA con sus modificaciones, los beneficia ya que de alguna manera promueve la paz social, y de esta manera disminuye los conflictos en la toma de tierras en dónde los más afectados son ellos.

Si bien la calidad de reformas en esta nueva Ley no es de las mejores se debe resaltar el hecho de que parece existir una intención política de trabajar en este tema. Quizás en el momento las modificaciones son de emergencia y deberán profundizarse en el futuro para llevar a buen término el proceso de revolución agraria.

Actualmente las interpretaciones a la Ley, hacen que existan ejemplos de pagos impositivos irrisorios de 4 bolivianos por hectárea en el oriente.

Éste es un tema que no se ha tomado en cuenta en el proceso. Tampoco se ha propuesto un límite a la propiedad lo cuál hace posible que en pleno el siglo XXI hayan personas que tengan más de 50.000 hectáreas de tierras. En ese sentido, más adelante deberá aclarar e incorporar algunas variables fundamentales tales como el tema impositivo y el tema de límite a la propiedad.

Para finalizar hay que dejar en claro que el tema tierra es polémico y que en ese sentido es difícil encontrar consensos. Aún así se puede establecer que las condiciones están dadas para que se ejecute un proceso revolucionario que culmine con el proceso de reforma agraria iniciado en 1953, en el cuál se consiga una redistribución equitativa de la tierra.