¿96 millones recuperados para Bolivia?

El pasado 8 de febrero, recordando el Día Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el Gobierno ratificó su voluntad de seguir luchando contra el mal endémico de la corrupción en nuestro país.

En esa línea y como parte de los discursos sobre los resultados obtenidos hasta la fecha, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción dijo que se habían recuperado 96 millones de dólares americanos para el Estado boliviano.

Esta cifra, no menor, equivale en proporción a la edificación de unos cuatro hospitales de segundo nivel completamente equipados y a la construcción de unas 384 escuelas amplias y bien diseñadas, entre otras obras de consideración o proyectos sociales que pueden generar un impacto importante en la sociedad boliviana. Lo que seguramente le interesa saber ahora al pueblo boliviano es, ¿dónde se encuentra ese dinero recuperado?, ¿cómo y en qué se invertirá?

Este cuestionamiento es bastante lógico. En la historia de nuestro país, existieron varios casos de corrupción en los que, culpables identificados y procesados, jamás devolvieron el dinero que sustrajeron del Estado. Esto, en definitiva, se puede explicar por el proceso propio y característico de la antigua justicia boliviana: engorrosa, burocrática y llena de trabas, características que permitían, en muchos casos, que el corrupto pudiese transferir el dinero robado a otras cuentas bancarias de familiares y amigos. O bien, que el proceso tardara tanto en desarrollarse y ejecutarse que el dinero en cuestión era dilapidado rápidamente por el corrupto y por lo tanto, a la hora de demostrarse su culpabilidad, éste no tenía cómo devolverlo.

Sólo estos dos ejemplos sencillos de una lista extensa de varios otros que seguramente existen, sirven para cuestionar el concepto utilizado por la autoridad del Estado en el sentido propio de “recuperación” del dinero proveniente de actos de corrupción.

La duda está planteada y, para salir de ella, lo primero que podríamos hacer como parte de un ejercicio de control social, es preguntarle al fiscal general cuál es el monto exacto y real que se ha recuperado para el beneficio de la sociedad boliviana.

Por último, sería conveniente que la ministra explique lo que entiende por “recuperar”. Porque tal vez “recuperar” para ella, signifique cuantificar el dinero proveniente de los casos de robo al Estado identificados y procesados en los cuales el Ministerio de Transparencia ha hecho seguimiento y viabilización. Si eso es lo que quiso decir la autoridad, entonces tendría que redefinir las dimensiones de los resultados del trabajo de transparencia y lucha contra la corrupción realizado hasta la fecha y debería aclarar conceptos para que no se genere un posible engaño a la población boliviana.

Por el contrario, si efectivamente se han recuperado los 96 millones de dólares, los bolivianos y bolivianas tenemos el derecho de saber quién tiene ese dinero y cómo se invertirá.

Jorge Dulon Fernández es administrador público y cientista político.

El Órgano Judicial y sus desafíos

Después de la posesión de las nuevas autoridades del Órgano Judicial en Bolivia y de la elección de sus máximos responsables en cada una de las cuatro entidades, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, se inicia un nuevo camino que debe ser emprendido con cautela por los nuevos miembros del Órgano Judicial. Comprender algunas premisas básicas de la administración pública es de vital importancia para no cometer los mismos errores del pasado y por lo tanto correr el riesgo de que la nueva justicia boliviana sea igual o peor que la que existía. En primer lugar, es muy importante que se entienda que la administración pública debe servir, objetivamente, a los intereses de la población en general y por lo tanto debe actuar con eficacia y coordinación. En ese sentido se deben tener claros los objetivos, hacia dónde se quiere ir y cómo se lo hará. De lo contrario, es mejor tomar un tiempo y definir de manera colectiva entre todas las entidades del Órgano Judicial qué es lo que realmente se quiere. En esa discusión me imagino que entraría el tema de la descolonización de la justicia, la complementación del concepto de deslinde jurisdiccional, entre muchos otros. Y coordinación. De nada servirá que las nuevas autoridades trabajen bajo una lógica individualista favoreciendo únicamente a su propia entidad en desmedro de las demás bajo la lógica: “el Tribunal Supremo me está quitando personal, yo le quitaré oficinas”. Cada autoridad deberá tener una visión de conjunto del nuevo Órgano Judicial para poder coordinar y ser eficiente.Por otra parte, es necesario recurrir a la memoria institucional, es decir que los funcionarios que conocen el quehacer y el cómo hacer del Órgano Judicial no sean removidos de sus puestos y puedan coadyuvar en dotar de información necesaria a los nuevos funcionarios. Es decir, garantizar una transición clara y transparente. Cambiar la justicia en el país no significa cambiar absolutamente todo, incluyendo a todo el personal que no comulga con la idea de la nueva justicia.Seguramente existieron buenas prácticas en la justicia del pasado que se pueden quedar en la nueva y, por qué no, multiplicarse hacia otras instancias en donde éstas no se desarrollaron.Por otro lado, es muy importante que los nuevos magistrados se informen en profundidad de los problemas de la justicia a todo nivel, para que poco a poco vayan diseñando un plan estratégico que les permita subsanar las deficiencias identificadas.Pretender cambiar la justicia de la noche a la mañana por el simple hecho de tener nuevos magistrados es sin duda una utopía, sobre todo por la situación de nuestra justicia. Finalmente el rol de los ciudadanos es fundamental para que la justicia comience con buen pie este camino. Debemos informarnos sobre el desarrollo de las reformas de la justicia, sobre las acciones de los nuevos magistrados. La oportunidad histórica de haber elegido a las nuevas autoridades del Órgano Judicial, con todas sus deficiencias, viene de la mano de una gran oportunidad para el ejercicio democrático de participación y control social.

Jorge Dulon Fernández es administrador público y cientista político.